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La Contraloría les dio 20 días de
plazo al alcalde de la Municipalidad de Huamalíes Edgar Céspedes y sus
regidores o ayayeros por el tremendo papelón que cometieron al permitir
la reelección de autoridades de Tazo Grande. Informe de control desarma la trama de mocos
y baba del doctor Truquini asesor legal, Benjamín Cruz, que armó este
saltimbanqui que va contra la constitución y todo precepto legal vigente. Pese
a la gravedad, continúa en su puesto tras haber llevado de las narices a
cometer tremendo error. Por algo OCI ya había advertido que no cumplía los
requisitos para ocupar dicho cargo.
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| Este viernes vencería el plazo de los 20 días que le dio la Contraloría al alcalde Céspedes y sus regidores para corregir lo desandado - Foto: Yonel Rosales |
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en un clic: CÉSPEDES Y SU TAZO GRANDE
Por Yonel Rosales
Lo que ya era evidente para cualquier ciudadano común y
corriente, que no hay reelección de alcaldes fue confirmado severamente por
la Contraloría General de la República al darle un plazo de 20 días al titular de
la Municipalidad Provincial de Huamalíes Edgar Céspedes y sus regidores supuestos
fiscalizadores que este viernes 13 vencería la cuenta regresiva que le
impuso para corregir tremendo mamarracho que cometieron al aprobar la
reelección del alcalde del Centro Poblado Tazo Grande, Fernando Figueroa y su
regidora Flormira Ortiz, pese a que la gestión del exalcalde Ricardo Tello dejó
claro que no procedía.
En mayo de este año, como para brutos novatos, el
decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Rodolfo Espinoza, explicó en
entrevista con Desde la Torre que no hay reelección de autoridades elegidas por
voto popular, sin embargo, el alcalde Céspedes y sus cómplices continuaron
la estafa hasta que este 15 de setiembre la Contraloría le dio un ultimátum con
su informe N° 057-2023-2-0400-AOP, que de haberse presentado a la comuna
provincial con esa misma fecha se debe contar 20 días hábiles para que corrijan
esta tramposa maniobra de las “autoridades” que favorecieron a Figueroa,
contraviniendo la constitución y las leyes. Ese plazo vencería el viernes 13 de
octubre.
La Contraloría halló tres graves irregularidades, el primero:
“la entidad proclamó y reconoció como autoridades municipales para el
período electoral 2023-2026 del centro poblado de Tazo Grande, a personas
impedidas normativamente”, dice el documento pues mediante Resolución de
Alcaldía Nº 017-2023-MPH/A del 10 de enero de 2023 reconocen
y entregan las credenciales a las bamba “autoridades” de Tazo Grande
de la Agrupación Política Movimiento Independiente
“Avancemos Tazo Grande” para el período 2023-2026, pese a que dichas
autoridades tienen impedimento normativo para ser elegibles porque
ejercieron el mismo cargo en el período 2019-2022.
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| La primera irregularidad está en que proclamaron autoridades pese a que la ley no les permite |
Por eso el informe de la Contraloría hace referencia todo lo
actuado en la gestión de Tello, que mediante
ordenanzas o la resolución gerencial Nº 026-2022-MPH/GDS de fecha 20 de
setiembre de 2022, dejaron claro que no hay reelección inmediata. Incluso emitió
un comunicado señalando que están impedidos. Mediante acuerdo
de concejo Nº 110-2022-MPH/CM del 21 de noviembre de 2022, por unanimidad
del concejo acordó excluir a Fernando Figueroa y Flormira Ortiz, y
como ya lo habíamos denunciado en esta página el Comité
Electoral de Tazo Grande, en total desacato a su superior hizo caso omiso.
“Contraponiéndose de forma absoluta al estado de derecho y
marco legal vigente, ha proclamado y reconocido como autoridades electas a
quienes por su condición están impedidos de asumir dichos cargos”, enfatiza la
Contraloría. Para lo cual hace una cita jurisprudencial de la resolución Nº
1286-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones, que establece que las
autoridades no puedan tener la opción de reelegirse indefinidamente. Dado a
que Fernando Figueroa, reconocido y proclamado mediante Resolución de Alcaldía Nº
017-2023-MPH/A por Edgar Céspedes, también fue proclamado para el período
anterior inmediato del 2019-2022, con la Resolución de Alcaldía Nº
307-2018-MPH/A del 07 de diciembre de 2018. En estas mismas resoluciones
reconocen como regidora 4 a Flormira
Ortiz. Quien vaya sorpresa, por arte de magia o
mafia pasó regidora 5 al 4, pues de acuerdo al acta de escrutinio del Comité
Electoral del 2018, al que accedió Desde la Torre, ella ocupa el número 5,
como tal no debió ingresar porque el quinto le corresponde a la lista que quedó
segundo.
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| El actuar irregular de Ortíz provendría desde el 2018, que de estar como regidora cinco pasó al cuatro sin mayor razón |
El “análisis aquí abordado es cuestionable la validez del
acto administrativo por no ajustarse al ordenamiento jurídico, lo que
constituye causal de nulidad”, advierte el informe, y todo acto es nulo
cuando va en contra de la constitución o las leyes. Por lo que Fernando y Flormira
tendrían los días contados en el puesto que ocupan ilegalmente. “No existe
amparo legal que admita excepciones como pretende establecer la entidad
mediante los actos administrativos expedidos durante el presente año”, dice. El
amparo legal solo existe para Benjamín Cruz.
Más en un clic: ALCALDE NO QUISO DAR EXPLICACIONES POR CHOQUE DE CAMIONETA
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| La Contraloría les dijo que deberían actuar de buena fe, pero como actuaron a sabiendas, actuaron de mala fe |
La “autoridad administrativa se
encuentra imposibilitado normativamente para actuar en contra de sus propios
actos, tal como la entidad lo ha realizado
con la dación de la Resolución de Alcaldía Nº 017-2023-MPH/A” continúa con el
jalón de orejas al alcalde Céspedes y sus cortesanos. Ante esto debe prevalecer
y hacer cumplir lo que ya se había dictaminado por resolución de alcaldía y de
concejo en el año 2022, pero el 7 de marzo del 2023 los actuales
fiscalizadores determinaron mediante acuerdo de
concejo Nº 030-2023-MPH/CM Dejar sin
efecto en todos sus extremos lo que sus antecesores ya habían concluido excluir
a los reeleccionistas.
La tercera grave irregularidad está
en que “la entidad incurre en incumplimiento de funciones al no haber
comunicado al JNE la convocatoria y cuadro de autoridades electas…”. Pese a que están obligados de
informar la convocatoria y los resultados de las elecciones, la administración
de Edgar Céspedes simplemente se zurró con lo dispuesto. Él cree que Huamalíes,
Monzón o todo cuanto le plazca, es su chacra y puede hacer lo que mejor le dé
la gana. Esto “afectan la legalidad y transparencia del
proceso electoral y adecuado ejercicio de funciones atribuidas por ley”, llama
la atención el informe.
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| La tercera irregularidad está en que no comunicaron al JNE de todo lo actuado |
Por lo cual recomienda poner de conocimiento estas irregularidades
al acalde y los regidores para que deslinden
responsabilidades. ¿Qué responsabilidades podrían deslindar quienes son parte
de toda esta tramposa trama? Y en un plazo no mayor a veinte (20) días contados
a partir del día hábil siguiente de recibido el informe, debe informar al
Órgano de Control Institucional (OCI) las acciones que adoptarán frente a
este esperpento. La Fiscalía debería evaluar si acá se cometieron delitos o no.
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| La conclusión es contundente al recordarles al alcalde y los regidores que deben actuar con honestidad, parece que es lo que más se carece en la comuna de Huamalíes |
