Otra vez la Municipalidad de
Huamalíes está en la mira de la Contraloría General de la República, por la
comisión de presuntas irregularidades en la compra de un terreno, por el que sancionaría hasta con cinco años de
inhabilitación a cinco funcionarios
de la comuna, que actualmente dirige nuestro choche Ciro Trinidad.
El gerente Adolfo Espinoza, adelantó que no serán contemplativos con los
implicados.
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| Gerente Espinoza Victorio, anunció que se procederá como disponga la Contraloría - Composición: Yonel Rosales |
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Por Yonel Rosales
Muy cordialmente a diferencia de galgos rabiosos el gerente de la Municipalidad Provincial de
Huamalíes, Adolfo Espinoza Victorio, ante nuestra consulta sobre el proceso de
sanción contra cinco funcionarios de esta entidad que inició la Contraloría
General de la República, nos aseguró que no será contemplativo con los
implicados en presuntas irregularidades,
si es que se dispone sanciones como plantea el informe al que accedimos.
La Resolución N° 626-2017-001-CG/INSC, al que accedió Desde la Torre, firmado por Emilio
Teófilo Velásquez Gómez, en Huancayo, el 18 de enero del 2018, consta de 18
páginas en el que describe los hechos y normas legales que sustentan el inicio
del proceso administrativo sancionador contra José Antonio Muñoz Cárdenas, Alfredo Ronald Espinoza Fonseca, Néstor
Alejandro Aguirre Daza, Victoriano Marciano Fonseca Quispe y Lidú Moisés Estacio
Mallqui, a quienes se les sancionaría por la presunta comisión de infracción muy grave, con una inhabilitación
no menor a 2 ni mayor a 5 años.
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| Resolución tiene en la mira a cinco funcionarios de la comuna de Huamalíes - Imagen: YR |
Los “funcionarios y
servidores el año 2014, por la modalidad de encargos internos efectuaron pagos
por adquisiciones de terrenos hasta por S/. 282,550.55 afectando la
transparencia y legalidad con la que deben regirse las contrataciones del
Estado”, reza el documento. A continuación hacen referencia los
comprobantes de pagos. Mediante cheques se gira 172 mil soles a nombre de
Annesheila Rivera Zelaya, por la adquisición de terreno de 702 m2 adyacentes al
terreno donde se construirá el Hospital de Llata, complementación al terreno
faltante. También a Wilmer Héctor Calixto Trujillo, 22 mil soles por la compra
de 1204 m2 de terreno. Y se entrega 42 mil soles a la familia Alvarado Urbina,
por afectar y dañar sus terrenos. Además de Manuel Gonzalo Rojas Mendoza, con
46 mil soles por 581 m2, por la apertura de la calle de Jr. Progreso.
Estos pagos se realizaron en el año 2014, mediante la
modalidad de “encargo interno”, pese a que los beneficiarios no eran
trabajadores de la comuna; este es el
punto crucial que observa la Contraloría, pagar por “encargo interno”, a
quienes no correspondía, incurriendo en pagos no autorizados por ley. Esta
práctica habría sido de “forma reiterada”, en el que los imputados no hicieron
un control previo, y hacen referencia otros casos, para no aburrirte ya no
lo copiamos, me ahorras la chamba. La Contraloría, también les recuerda que
en el caso de compra de terrenos para
obras públicas, existe la ley general de expropiaciones, normatividad que
facilita la adquisición de predios, declarándola de necesidad pública para
obras del Estado. Sin embargo, los que resultarían sancionados, optaron por
otra modalidad de compra. “De este modo,
con su actuar generó un perjuicio al Estado al haber transgredido el principio
de eficiencia”, puntualiza la resolución.
Consultado por el tema, el gerente municipal, Adolfo Espinoza, aseguró que desconoce del
informe, pero que de darse la sanción, no dudará en implementar las
disposiciones de la Contraloría, así como lo hizo con el engreído de
Ciro exfuncionario de Administración, Rogelino Guzmán, quien también fue
inhabilitado por la Contraloría.
De acuerdo a Espinoza, José Muñoz ya no labora en la comuna, mientras
que Néstor Aguirre, Victoriano Fonseca y Lidú Estacio, siguen en esta entidad. Como
es sabido, Alfredo Espinoza está prófugo
de la justicia, sin embargo le preguntamos al vehemente presidente del Fredill,
Santiago Espinoza, hermano de este último, exgerente municipal. Dijo que el
investigado se puso a “buen recaudo”, hace dos años que apelaron a la Corte
Suprema la sentencia que dispone su carcelería; además de confirmar que esta
resolución de la Contraloría les fue notificada a ellos por ser su familia. Luego
de ser válidamente notificados, los cinco procesados tienen un plazo de diez días para presentar sus descargos.
A esto se suma el reciente informe por cobrar bonos de productividad, de dos funcionarios de confianza de la actual gestión, que también podrían ser inhabilitados por la Contraloría.
A esto se suma el reciente informe por cobrar bonos de productividad, de dos funcionarios de confianza de la actual gestión, que también podrían ser inhabilitados por la Contraloría.
