Un grupo de aproximadamente
once familias de Llata rechazan disposición de lanzamiento “injusto” que dictaminó
el Poder Judicial.
Pese a que viven hace diez
años en predios que compraron de buena fe, una sentencia que nunca les
notificaron dice que el 18 de agosto deben ser retirados.
| Once familias que construyeron sus casas serían los más perjudicados pese a que viven en el terreno hace diez años - Composición: Yonel Rosales |
Por Yonel Rosales
“Nos atrincheraremos. No vamos a
dejar nuestros hogares”, fueron algunas de las afirmaciones de un grupo de
vecinos que construyeron sus casas en la zona de Paugarwilca, muy cerca donde
antes funcionaba la Base Militar en Llata, luego que hace una semana se
enteraron por casualidad que existe una resolución del Poder Judicial para
ser desalojados el martes 18 de agosto del terreno que compraron de buena fe de
la señora Patricia Gregoria Luisa Cruz Mejía, que pese a tener una disputa con quien
sería su hijastro Benjamín Antonio Valencia Alvarado, se atrevió a venderles,
y tras un largo proceso ganó este último.
| Los afectados dicen que desconocían que la señora que les vendió el terreno tenía una disputa judicial |