Otro informe de la Contraloría detectó que se
pagó 559 mil 190 soles ilegalmente a los trabajadores de la Municipalidad de
Huamalíes entre los años 2019 al 2022.
Entre los catorce exfuncionarios sindicados
como responsables de entregar los bonos especiales se encuentra el actual
regidor Arturo Bajonero, cuando fue el gerente municipal del exalcalde Ricardo
Tello.
En su corto periodo de gerente Bajonero también cayó en la presunta irregularidad que señala la Contraloría - Foto: Yonel Rosales
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Por Yonel Rosales
Otro informe de la Contraloría
General de la República estableció que se generó un perjuicio económico a la
Municipalidad Provincial de Huamalíes por más de medio millón de soles al
realizar pagos prohibidos por las leyes generales de presupuesto entre los años
2019 al 2022, donde halló como responsables de esta acción a catorce
exfuncionarios, entre ellos el ahora regidor Arturo Bajonero Olivas, quien
ejerció como gerente municipal en el gobierno del exalcalde Ricardo Tello.
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| Bono especial que se entregó durante varios años a los trabajadores de la municipalidad son ilegales según auditoría |
El periodo de auditoría que aplicó
la Contraloría corresponde a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, donde se
detectó esta cuantiosa irregularidad, y según el organismo contralor, todos los
exfuncionarios que tuvieron parte tiene responsabilidad civil y administrativa,
el cual debería ser sancionado por la comuna provincial, porque “generaron y
permitieron el pago de bonificación especial a favor de personal municipal” valiéndose
del convenio colectivo pese a las prohibiciones de las leyes de presupuesto
de cada año fiscal.
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| Más de medio millón de soles entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022 |
El informe analiza año por año, por
ejemplo, en junio del 2018 señala al secretario general del sindicato de
trabajadores de la comuna huamaliana, Félix Dioscórides Medrano Benites, como
quien solicita al exalcalde Ciro Trinidad la conformación de la comisión
bilateral para la negociación colectiva, al seguir su trámite, es el Gerente de
Asesoría Jurídica Anderson Arquero quien da el visto bueno, con contradicciones
en sus citas legales, dice la Contraloría, al opinar favorablemente, sin tener
presente que el pedido del pago de la bonificación especial prescrito en el
Decreto de Urgencia nº 037-94, no era materia de negociación colectiva, puesto
que dicho beneficio se encontraba expresamente reconocido por el gobierno
nacional, pero como la “percepción que no fue concedida oportunamente a los
trabajadores” ya fue simplemente no se otorgó.
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| La Contraloría señala las responsabilidades de cada exfuncionario en el trámite de los bonos especiales |
Además, dice el documento, que no
era necesario que la Municipalidad de Huamalíes realice una negociación
bilateral, porque el año 1994 hasta 26 de diciembre del 2005, no contaba con un
sindicato. Ya que la bonificación especial era para todos los trabajadores
del Estado no sindicalizados, “más no como lo interpretaron los solicitantes y
el Gerente de Asesoría Jurídica quién emitió opinión legal favorable para
proceder con dicho otorgamiento”, puntualiza la Contraloría. Por lo cual, el abogado
en mención infringió su función de interpretar las normas legales. A su vez
indujo a error al otro exgerente municipal Adolfo Espinoza, así como a Arturo
Bajonero, pero cada quien con su asesor legal. No obstante, el informe señala
que los exfuncionarios infringieron su función de controlar y autorizar los
egresos, así como defender y cautelar los derechos e intereses de la comuna. El asesor jurídico habría interpredato incorrectamente las normas y esto llevó al error a los gerentes que no cuestionaron la opinión legal favorable
Para mayor precisión, el órgano
contralor cita la prohibición de la ley de presupuesto, “el reajuste o
incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones,
retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de
cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente
de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas
bonificaciones, beneficios,…”, remarca. Sin embargo, Tanto Bajonero como
Néstor Aguirre, Adolfo Espinoza, Teodoro Loyola, cada quien, en su periodo de
gobierno, solicitaron la certificación presupuestal, “propiciando con dicho
accionar que se ejecute el acto administrativo cuestionado y por ende se
materialice los pagos indebidos”, señala.
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| Catorce exfuncionarios son señalados por la Contraloría con responsabilidad civil y administrativa |
